Noticia publicada en La Nueva España

«Pedir dinero a los inmigrantes sin papeles por atenderles significa ponerlos en una situación de exclusión social mayor que en la que están»

Salvador Tranche Iparaguirre (Yanci, Navarra, 1957) es el secretario de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC). La asociación, que agrupa a 22 facultativos en toda España -en Asturias unos 560-, ha puesto en marcha una iniciativa para que los médicos se acojan a la objeción de conciencia ante el proyecto del Ministerio de Sanidad de excluir a los inmigrantes «sin papeles», con la excepción de embarazadas y niños, de la atención en el sistema nacional de salud. Tranche es director de la unidad de gestión del centro de salud del Cristo, en Oviedo, en el que ejerce como médico de familia.

-¿Por qué deben objetar los médicos?

-El desarrollo del real decreto publicado el pasado 4 de agosto deja la asistencia sanitaria a los «sin papeles» en la indefinición. Resuelve dos de los problemas que había creado el decreto del pasado abril: el de los ciudadanos con más de 26 años que no han cotizado nunca, y el de los parados de larga duración que habían terminado de cobrar la prestación. Parece ser que el Gobierno trabaja ahora en un borrador en el que se plantea la asistencia a los inmigrantes ilegales a través de la firma de un convenio en el que tendrían que pagar una cantidad de algo más de 700 euros al año, en función de la edad. La realidad es que este es un colectivo en situación de exclusión social y económica, y solicitarles esta cantidad es imposible para ellos. Significa situarlos en una situación de mayor exclusión social. La consecuencia es que no van a acudir a los centros de salud y lo harán, en el mejor de los casos, a urgencias. Nosotros pusimos en marcha el movimiento de objeción para que el Gobierno reflexione y haga una propuesta viable.

-Pero muchos de los servicios de urgencias ya están colapsados y no parecen los más adecuados para sustituir a la atención primaria.

-Estos servicios tienen una demanda exagerada y no son dispositivos para resolver estas situaciones, a no ser que sea un problema urgente. Algunos de estos inmigrantes tienen enfermedades crónicas. Nosotros abogamos porque eso se haga desde el centro de salud. La asistencia en urgencias es más cara. Si lo que se propone el Gobierno es ahorrar, con esta medida no va a conseguirlo.

-¿Qué proponen ustedes?

-Un paquete básico de asistencia que incluya la atención primaria, actuaciones preventivas y temas de salud pública. Es verdad que este colectivo puede tener algunas enfermedades de carácter infeccioso que pueden suponer un cierto riesgo para la población, como es la tuberculosis, pero lo importante es que se les atienda. También proponemos una prestación farmacéutica básica. La medida no sólo no va a producir ahorro sino que va a aumentar el gasto, va a saturar los servicios de urgencias y, por tanto, será ineficiente.

-¿Acude mucha población inmigrante en general a las consultas?

-Hemos hecho varios trabajos comparativos y el consumo de recursos por parte de este sector de la población es inferior al local. Eso de que gastan más es un mito. Y desde el decreto del pasado mes de abril han dejado de acudir.

-¿Se acabó el modelo de sanidad pública para todos?

-El decreto del pasado mes de abril significa el cambio más importante de la organización del sistema nacional de salud y es un cambio esencial porque hemos pasado de tener un servicio nacional de salud con valores indudables a un modelo de Seguridad Social de los años 70. Y se ha producido sin ningún debate político y social, sin hablar con las gentes de sanidad o de farmacia. Es muy sorprendente. Nuestra asociación envió una carta a la ministra Ana Mato pidiéndole que cambiara todo esto, y no hemos obtenido ninguna respuesta.

-¿De ahí su lema «atendemos personas, no asegurados»?

-Aquí se está planteando un conflicto ético profundo entre lo que el Gobierno te ordena y la práctica esencial del médico, porque nosotros ya estamos atendiendo a este colectivo y no podemos dejar de hacerlo. Tenemos un compromiso ético y social con el paciente, y no podemos decirle, ahora, que lo rompemos. Es un compromiso con la persona, de ahí el «atendemos personas, no asegurados». Hoy son los «sin papeles», pero mañana puede ser otro colectivo. Y en esto estamos de acuerdo médicos, organizaciones profesionales colegiales y otros colectivos. Incluso dentro del propio PP hay autonomías como Valencia y Baleares que están proponiendo alternativas contra la exclusión, como que un trabajador social evalúe cada caso.

-¿Es preocupante que no haya respuesta social a este cambio de modelo sanitario?

-El pasado miércoles vimos una respuesta muy preocupante en Marinaleda. Por ahí no deberían ir las cosas porque puede haber un estallido social. Nuestra sociedad realizó hace un mes un estudio sobre la respuesta que están dando las 17 comunidades autónomas a todos estos cambios. La conclusión es que había un mimetismo casi absoluto en quince de ellas, con dos excepciones: Asturias y País Vasco. En esas quince se habían adoptado medidas de recorte con cierre de equipamientos, suspensión de contrataciones, despidos y, sorprendentemente, cerrando centros de salud aunque el impacto era menor en los hospitales.

-¿Cuál es la singularidad de Asturias y País Vasco?

-El País Vasco ha adoptado otra táctica, no tanto de recortes como de crear escenarios nuevos, como una nueva estrategia destinada a los enfermos crónicos. Es algo que no te da un ahorro inmediato pero sí a largo plazo. Nuestra población cada vez es más vieja y con más enfermedades, y los dispositivos sanitarios, fundamentalmente hospitales, no están bien diseñados para resolver las patologías crónicas. El País Vasco ha diseñado una estrategia que facilita la comunicación entre el centro de salud y el hospital y, a medio plazo, va a suponer una reducción de gasto muy importante y generará nuevos negocios, básicamente nuevas tecnologías. Al margen de que sean más ricos que otras autonomías, al menos se han salido del pensamiento único basado en el recorte. En cuanto a Asturias, aparecía como el Nirvana. Al tener tanto cambio de gobierno, no se tomó ninguna decisión y mientras otros ajustaban, nosotros apenas nos movíamos. Una de las cosas que más me asombra es el poco énfasis que se hace en la gestión sanitaria, en medidas sencillas para mejorarla, como la creación de una central de compras y otras que mejorarían mucho el funcionamiento.

-¿Funcionan las unidades de gestión clínica?

-Sin duda, hay que apostar por ellas. Cuanto más se descentralice y se dote de capacidad de decisión a los centros, mejor. No sólo están funcionando bien sino que están siendo motivo de interés en otras comunidades autónomas.